La transparencia política es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión. Una de las características de un Estado democrático es la obligación de todos los poderes públicos (la Jefatura del Estado, el Gobierno, el Parlamento, el sistema judicial y las administraciones, empresas y fundaciones públicas) de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, especialmente del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia y de corrupción política.1​2​

En sentido figurado, el término «transparencia»3​ es utilizado para describir una tendencia hacia la accesibilidad a toda la información vinculada a la gestión pública y que concierne e interese a toda la opinión pública, a un sector de la misma o incluso a un solo individuo. O sea, es la preocupación por explicar, por hacer comprender, por reconocer errores o mala praxis, por abrir archivos y documentos, por describir fielmente hechos y circunstancias.4​

El objetivo primordial de la transparencia política es el de establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. Los estándares mundiales de buen gobierno consideran fundamental la transparencia para el progreso social y económico.5​

La transparencia pública se opone a la opacidad pública y la ilusión financiera, y es un antídoto del fenómeno de la corrupción política