ANTAI Veraguas iniciará proyecto “Auditorías Sociales”

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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI sede regional en Veraguas, sostuvo conversaciones con el personal de Descentralización sobre el proyecto de Auditorías Sociales, que consiste en un mecanismo de fiscalización y prevención en defensa del gasto social que realiza el gobierno, mediante la ejecución del presupuesto asignado a los Municipios y Juntas Comunales.

Durante estas reuniones se acordó que la ANTAI estará realizando volanteo y visitando a los medios radiales para dar a conocer el proyecto, que en conjunto con la Secretaría de Descentralización, se realizará en los municipios y juntas comunales de la Provincia de Veraguas.

Que el Decreto Ejecutivo No. 10, de 8 de enero de 2017 “Que reglamenta la Ley 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, modificada por la Ley 66 de 29 de octubre de 2015”, dicta la responsabilidad que tiene la ANTAI para estas Auditorías Sociales las cuales serían:

Artículo 116: Formación. En cada Municipio donde se realicen obras públicas se formará una Comisión de Auditoría Social, con un mínimo de cinco personas y dichas comisiones deberán dar cuenta de su creación a la Antai.

Artículo 119: Dentro de las funciones de la Comisión de Auditoría Social está comunicar a la oficina estatal que otorgó la obra o que la realiza, a la ANTAI, al Ministerio Público, y a cualquier otra instancia que estime conveniente, las irregularidades técnicas o de administración que detecten en la supervisión de la obra, así como las informaciones o denuncias que en este sentido reciban de parte de la comunidad.

Además, deberán realizar un informe al término de la obra y previo al recibimiento formal por parte del Municipio, dando cuenta a la comunidad, a la institución gubernamental responsable, a la ANTAI, al Municipio y a todas las oficinas e instancias interesadas, el resultado de su trabajo de supervisión.

Artículo 123: Oficina de participación ciudadana y ética pública. Todos los municipios deberán contar con una oficina de participación ciudadana. Esta oficina coordinará las acciones que desarrolle el municipio con las organizaciones e instancias de prevención de la corrupción y, en su momento, con la ANTAI.